Crimen y castigo. Averly, Chaves y la destrucción del patrimonio cultural

Dado que nada hay fuera del espacio y del tiempo, la manera de gestionar la memoria depositada en un lugar se convierte en una cuestión esencial para la comprensión (y autocomprensión) de las sociedades humanas. Por ello el del patrimonio no es un ámbito únicamente cultural, sino también social y político. En la teoría, la protección del legado histórico forma parte de las prácticas de lo que suelen considerarse pueblos “avanzados”, “desarrollados” o “civilizados”. La cuestión, en cambio, es muy diferente en la práctica. En lo que respecta a los patrimonios arquitectónico y arqueológico, sobre todo, el maltrato al legado artístico e histórico y a la complejidad cultural de los mismos caracteriza los modelos de “crecimiento” económico (o de acumulación desigual) de las sociedades postindustriales, fuertemente afectadas por procesos de financiarización del espacio a través de lo inmobiliario, esto es, por procesos de conversión del suelo en destacado activo financiero.

El verano de 2016 ha sido especialmente intenso en relación con el patrimonio cercano por los respectivos episodios que han afectado de manera diversa a dos de los bienes más importantes del patrimonio español, apenas separados por 100 kilómetros, la factoría Averly, en Zaragoza, y la cueva Chaves, en Bastarás. Por su trascendencia, lo sucedido en ambos casos ha llamado la atención de las comunidades científicas, incluso en el ámbito internacional.

Un crimen. El 21 de julio de 2016 las máquinas entraron en los terrenos de la factoría Averly y comenzaron el derribo de las dos terceras partes de uno de los conjuntos mejor conservados del patrimonio industrial español, incluido en el catálogo de 100 bienes básicos de dicho patrimonio contenido en su Plan Nacional. Cayeron todas las naves de la antigua fábrica salvo una. La nave de modelos o la propia nave de fundición, el corazón de la factoría, desaparecieron para siempre ante la impotencia de quienes desde el exterior gritábamos contra el derribo.

Un castigo. El 21 de septiembre de 2016 comenzó el juicio por la destrucción de la cueva Chaves, uno de los yacimientos capitales del neolítico ibérico. Pocas semanas después, el 9 de noviembre, se dictó la sentencia que condenó a Victorino Alonso, un importante y poderoso empresario minero, presidente hasta 2012 de la patronal española del carbón, a dos años y medio de cárcel, así como al pago de una indemnización de 25.490.805 euros.

Averly. Averly era una villa-factoría situada en Zaragoza que estaba considerada hasta su derribo por la empresa Brial como uno de los mejores ejemplos de su tipo. Era uno de los 100 bienes inscritos en el catálogo mínimo del patrimonio industrial español incorporado al Plan Nacional de Patrimonio Industrial, aprobado en 2011 por el Consejo de Patrimonio Histórico del Estado, un órgano conformado por la administración central y las Comunidades Autónomas. En el ámbito científico la importancia de Averly como uno de los principales centros del patrimonio industrial estaba fuera de toda duda.

A diferencia de otro tipo de implantaciones industriales, la villa-factoría constituye un conjunto singular que incluye además de las instalaciones industriales propiamente dichas, la residencia familiar de los patrones, pretendiendo  conseguir una unidad armónica constituida en una suerte de microcosmos productivo. El mejor símbolo de esta unidad era la existencia de un acceso único, un gran portón para el paso del tráfico rodado acompañado de una puerta para peatones, todo ello bajo las letras metálicas con el nombre de la compañía (aunque el jardín contaba también con puerta a la calle, la familia propietaria utilizaba la principal del conjunto). Pasado este portón de acceso se situaba la entrada a la residencia familiar y al jardín, por una parte, y la báscula por la otra, para los vehículos y mercancías. La verja del fondo daba lugar a un nuevo espacio, ya plenamente laboral, pero no por ello carente, ni mucho menos, de dignidad arquitectónica. Por el contrario, la arquitectura de Averly cuidó especialmente esta segunda perspectiva que tenía como telón de fondo la nave de fundición, el corazón del complejo, y a la izquierda el taller de modelos, con el reloj y la campana para regular el tiempo “público” del conjunto industrial. Había aquí un cuidado juego de volúmenes, incluso escenográfico y representativo, que el derribo ha arruinado por completo. En esta gradación desde el espacio público al espacio interior del trabajo proletario, los siguientes espacios libres eran ya de carácter plenamente práctico, de sobria apariencia y con raíles para el transporte interior en el suelo. El final del recorrido de este universo paralelo mantenido milagrosamente en Zaragoza hasta bien entrado el siglo XXI era “la pera”, si se me permite el juego de palabras, porque en el patio que se formaba al fondo, entre la nave de fundición, la de modelos y los cobertizos, había una gran piedra suspendida de una sencilla estructura metálica, (denominada pera por su forma) que servía para hacer añicos los materiales en el proceso de fundición. El interior de las naves era sobrio, dotado de esa nobleza que caracteriza los funcionales espacios del trabajo, y con la grave belleza arquitectónica de las estructuras industriales decimonónicas. Si hubiera que destacar alguna, tal vez sería la nave de fundición, por la impresión de vacío y grandeza que producía al cruzar su puerta y recorrerla entre moldes hacia los hornos. Y, sin duda, la espectacular nave de modelos, quizá el lugar más bello, más intenso, de los que conformaban la factoría. Era un espacio alargado de planta que cabría calificar como basilical, con altillos sobre pilares de fundición en planta baja, en el que se acumulaban con orden y minuciosidad increíbles 150 años de actividad metalúrgica. La luz penetraba por las discretas aberturas y por la magnífica cubierta calada de tejas de sabina y se deslizaba misteriosa por una colección insuperable de geometrías industriales. Aquello era un digno museo, una galería de engranajes, modelos de madera, objetos artísticos y, sobre todo, ingenios y piezas mecánicas, un inventario de formas que haría las delicias de cualquier escultor, de cualquier ingeniero, de cualquier pintor o dibujante ¡Cuán lamentable resulta que se haya impedido esa experiencia!

La parte conservada gracias a la solicitud de Apudepa y de TICCIH-España tiene mucho interés también, aunque ese interés se haya visto amputado por el derribo del resto, que ha desnaturalizado y descontextualizado lo materialmente conservado.

Nave de Modelos de la Fundición Averly. Cortesía de Apudepa.

Nave de Modelos de la Fundición Averly. Cortesía de Apudepa.

Chaves. La cueva de Chaves, además de una enorme cavidad en la Sierra de Guara, en medio de un paraje de impresionante belleza natural, era un yacimiento arqueológico de gran relevancia científica. Era considerado, generalmente, como uno de los dos yacimientos principales de su periodo, especialmente importante a la hora de arrojar luz sobre la neolitización de la península ibérica. Desde que el Grupo de Investigación Espeleológica del centro excursionista de Peña Guara llamase la atención sobre la importancia arqueológica del lugar en 1973, y desde que Vicente Baldellou como director del Museo de Huesca comenzara la inspección y excavación del lugar, que se produjo de forma sistemática bajo su dirección y la de Pilar Utrilla entre 1984 y 2007, la cueva era una de las grandes esperanzas de la arqueología prehistórica. Chaves era, más que una cueva, un “poblado”, tal y como subrayaba Baldellou, pues a diferencia de otros yacimientos, en Chaves se conservaban estructuras (y no solo restos dispersos), como silos, un enterramiento o un hogar pavimentado. Los cantos rodados pintados hallados se vinculan con interesantes experiencias artísticas y rituales. De los 3000 metros cuadrados que aproximadamente tenía el yacimiento, en estas décadas se habían excavado únicamente 104 metros cuadrados. Una pequeña superficie que, sin embargo, había arrojado importantísima información sobre la cultura neolítica en el marco ibérico, lo que había convertido a la cueva en una de las piedras de rosetta para descifrar el neolítico peninsular. Pese a todo ello, y meses después de los últimos trabajos arqueológicos, en octubre de 2007 Victorino Alonso, el propietario de la finca en que la cueva se halla, ordenó la destrucción del yacimiento arqueológico, según ha quedado judicialmente probado. El desastre no se descubrió hasta el año 2009, cuando Baldellou puso el caso en conocimiento de la fiscalía y esta presentó una denuncia de la que resultó un proceso en el que fueron imprescindibles las acciones realizadas por la Asociación Apudepa en materia de patrimonio y por Ecologistas en Acción en materia de medio ambiente. Téngase aquí en cuenta que, pese a la tragedia cultural representada para el patrimonio aragonés por el expolio de Chaves, el Gobierno de Aragón decidió no actuar penalmente contra Alonso, y se limitó a pedir una indemnización que fue casi doblada finalmente por la sentencia gracias a las peticiones de las dos asociaciones. El informe realizado por el catedrático Francisco Burilllo para la Asociación Apudepa valoró el daño causado en un mínimo de 463.344.333 millones de euros. Pero más que las cifras, durante el juicio impresionaron las palabras. Algunas de ellas fueron seguidas de silencios especialmente estremecedores. Como el que se hizo al recordar la opinión de Vicente Baldellou, para quien “si se hubiera perdido Pompeya no se hubiera perdido tanto”, la de Juan Luis Arsuaga, que considera que la destrucción de Chaves genera “un vacío que arranca una página a la historia de la humanidad”, o la de Pilar Utrilla, para quien la destrucción de Chaves para el conocimiento del neolítico sería comparable a la desaparición de Barcelona para el conocimiento de la sociedad contemporánea.

Boca de la cueva Chaves desde el exterior. Fotografía de Lourdes Montes.

Boca de la cueva Chaves desde el exterior. Fotografía de Lourdes Montes.

Casos paradigmáticos de las amenazas sobre el patrimonio cultural. La codicia y la ignorancia. Averly y Chaves eran, sin duda, dos bienes de naturaleza muy diferente y, por así decirlo, de cronología opuesta. Un conjunto industrial de la edad contemporánea y un bien arqueológico de miles de años de antigüedad. Dos testimonios clave en Aragón de los extremos inicial y final de nuestra civilización, que, abandonados por los poderes del Estado pese a su importancia y reconocimiento científico, constituían documentos insustituibles de sus periodos, depósitos de memoria delicadamente sedimentada por la acción humana y por el tiempo, repletos de información histórica todavía por extraer. Ambos bienes, finalmente, fueron destruidos en apenas unas horas por las máquinas, conducidas por hombres ordenados por otros hombres.

Ante la gravedad de lo sucedido para el patrimonio histórico, conviene pensar en extraer algunas conclusiones que permitan evitar que vuelvan a suceder en lo sucesivo hechos tan calamitosos.

En primer lugar es obvio, pero no por ello debe soslayarse, que existe sobre el espacio, y por ende sobre el patrimonio arquitectónico, una fortísima presión que, en la mayoría de los casos, es de tipo inmobiliario, y por tanto financiero. No puede, desde luego, procederse a un análisis serio de la conservación del patrimonio cultural y de los ambientes y tejidos urbanos sin tener en cuenta este factor clave. En el caso de Averly es evidente la imposición del valor de cambio sobre otros valores como los culturales o los de uso. La historia es la de tantas y tantas tragedias arquitectónicas: una empresa promotora que extrae plusvalías del suelo sin que el Estado oponga resistencia a la destrucción de los valores sociales y culturales depositados en su espacio, sin hacer uso de las potestades que la ley le otorga. En el caso de Chaves la cuestión es algo diferente. No ha quedado claro cuál fue la motivación de la destrucción, pero puede aventurarse que tras ella tal vez se encuentre la voluntad de evitar que el valor cultural del yacimiento mantuviese las servidumbres públicas sobre un coto en que se desarrollaban importantes reuniones privadas.

Pese a que ambas destrucciones muestran claramente la incapacidad de las estructuras públicas para proteger debidamente el patrimonio cultural, no puede decirse que ello se deba a una insuficiencia legislativa. Al menos no es esa la principal causa. Tanto la ley de 1985 del Patrimonio Histórico Español como la del Patrimonio Cultural Aragonés de 1999 disponen instrumentos que hubieran permitido proteger ambos bienes. El problema es que el Gobierno de Aragón no hizo uso de esos mecanismos y que el Gobierno de España (casi) nunca hace uso de las competencias en materia de expolio que retiene, y que podría aplicar si el Estado estuviese realmente comprometido con la conservación del patrimonio.

Ha sido grave, y así lo refleja la propia sentencia, en el caso de Chaves, la grave dejación de funciones de las administraciones competentes, el Gobierno de Aragón fundamentalmente. Lo mismo sucede en el caso de Averly, aunque en este último se suma la desidia y desentendimiento del ayuntamiento de Zaragoza. Las razones de estas malas prácticas son diversas. Para el caso de Chaves debe citarse la notoria falta de recursos económicos, técnicos y personales de la que adolece la administración autonómica. El caso de Averly es diferente: el informe que sustentó la falta de protección global de la factoría fue encargado a una técnica interina, Mercedes Souto, que junto con el técnico Francisco Romeo rubricó los documentos tras los que dejó su firma el director general, a la sazón Javier Callizo. Debería hablarse aquí de la responsabilidad social de los técnicos, aunque, sobre todo, de su independencia y otras cosas. Lo que no es sorprendente, en todo caso, es la falta de compromiso real de todos, o casi todos, los partidos políticos con el patrimonio cultural.

También habría que destacar en ambos casos que, pese a la existencia de asociaciones y grupos ciudadanos que han defendido dichos bienes denodadamente, y las múltiples movilizaciones celebradas, es también grande la falta de una educación en materia de patrimonio que permita al cuerpo social identificar, más allá de los mensajes de los grupos económicos a través de sus dispositivos mediáticos, los valores culturales del espacio, de manera que pueda así defenderlos. Para ello es de especial interés el papel de la comunidad científica. La destrucción de Chaves no hubiese sido posible con la protección legal y física del Gobierno de Aragón, pero seguramente tampoco si la cueva hubiese estado rodeada de un mayor aprecio social, para lo que la comunidad científica tenía un papel relevante. Claro que, cuando los intereses económicos son muchos (volvemos al factor del que primero hablábamos) de poco sirve el consenso científico, incluso cuando se da en el ámbito internacional, como sucedió en Averly. El Instituto del Patrimonio Cultural de España, la Real Academia de Ingeniería, la Asociación Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés), la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España, la Asociación Hispania Nostra, la organización internacional TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), la organización internacional World Monuments Fund y diversos departamentos de la Universidad de Zaragoza, entre los que se encontraba el de Historia del Arte, mostraron su firme oposición al derribo de Averly. En pocos casos se había dado un consenso tal por la conservación de un bien cultural en este contexto local.

Este breve repaso, a propósito del caso de Chaves y Averly, del papel de los agentes que intervienen o deberían intervenir en la tutela del patrimonio cultural, debe finalizarse con el análisis del papel del poder judicial, sobre el que en ocasiones parece difícil hablar. La resolución de ambos casos por ahora es, a este nivel, completamente diferente. La sentencia del caso de Chaves, dictada por el magistrado del juzgado de lo penal número 1 de Huesca, Mariano Sampietro Román, ha sido ejemplar en relación con diversos aspectos de valoración del patrimonio cultural. El trabajo realizado por alguna de las partes ha sido especialmente importante para que pudiera valorarse como daño económico la pérdida de información científica, y no solo de los bienes físicos. Se trata de un importante aporte doctrinal, por la importancia del caso, que es de esperar que tenga recorrido. La sentencia del caso de Averly, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (formada por los magistrados Juan Carlos Zapata Híjar, Jesús María Arias Juana, Isabel Zarzuela Ballester y Juan José Carbonero Redondo) constituye, en mi opinión, una grave involución en la valoración judicial de la protección que el Estado debe ofrecer, según el mandato constitucional contenido en el artículo 46 de la ley fundamental, al patrimonio histórico. Hay que reconocer que la sentencia se dictó medio año después de que se produjese el derribo de Averly, y por lo tanto ante hechos consumados, pero es que el TSJA se aparta con su fallo de sentencias que habían mostrado gran sensibilidad cultural y que habían generado esperanzas en materia de protección del patrimonio, como la sentencia del TSJM sobre el teatro Albéniz en Madrid, refrendada por el Supremo. La sentencia minusvalora las aportaciones de la comunidad científica y, en la práctica, deja en manos de las administraciones cualquier decisión sobre los bienes culturales por arbitrarias que resulten técnicamente.

Ni en el caso de Chaves, ni en el de Averly, se ha dicho todavía la última palabra. La memoria no la destruyen por completo las excavadoras. Por lo expuesto hasta aquí, entre otras cosas, lo que al final resulte en ambos casos en los ámbitos social, cultural, político y judicial, será de gran importancia para el futuro del patrimonio español.

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