Desde hace unos años se va conformando cierto interés por hacer participar a la gente en la construcción de la ciudad. Numerosas experiencias promovidas, ya sea desde la Administración municipal como desde la práctica profesional urbana y arquitectónica, así lo corroboran. Parece que nos hemos dado cuenta de que no podemos hacer ciudad sin tener en cuenta a las personas que viven en ella. Por una parte está el impacto de la arquitectura en la gente y por otra el reto de hacer posible que la gente pueda intervenir en la arquitectura y en el urbanismo.
Sin embargo, las personas siempre han participado en la construcción de su entorno en mayor o menor medida, unas veces se ha conocido más su trabajo y otras menos, siendo en los contextos de crisis y precariedad cuando más se visibilizan este tipo de experiencias. En este sentido, tanto en los años 1970 como en la actualidad, la ciudadanía se activa, reconoce su derecho a la ciudad e incide en la transformación urbana y, además, se establece un acercamiento entre los movimientos sociales urbanos y los profesionales que inciden en cuestiones urbanas. En Barcelona, desde las Jornadas de debate organizadas por la FAVB (Federació d´Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona) en 1979 con el título “Associacions de Veïns: participació ciutadana” celebradas, en parte, en el Colegio de Arquitectos, hasta el reciente “Fórum Veïnal sobre l´Urbanisme de Barcelona” (octubre 2015), esta relación ha sido inconstante, indecisa e indefinida.
Salvando las distancias, siempre he encontrado similitudes entre las prácticas sociales urbanas de los años 1970 y las actuales. Es interesante analizar el pasado para comprender el presente y poder proyectar o vislumbrar el futuro. ¿Y si la temporalidad fuera discontinua, como decía Walter Benjamin, y cada avance histórico se tuviera que iluminar dos veces para tener un sentido transformador y revolucionario? ¿Estamos actualmente en esa segunda iluminación transformadora hacia una democracia participativa donde la ciudadanía podrá definitivamente incidir en la transformación urbana? ¿O, sin embargo, es justamente la coyuntura de crisis, precariedad y búsqueda de alternativas la que nos permite cada cierto tiempo visibilizar la incidencia de las personas en la construcción de ciudad?
Vecinos del puerto ocupan los terrenos de Can Sabaté en 1979. Fuente: FAVB. 1970-2012: 40 anys d´acció veïnal. Quaderns de carrer. Editorial Mediterrània. Barcelona, 2010.
Reactivación de espacios en desuso, reconstrucción de edificios, autogestión y autoconstrucción de espacios, ocupación de viviendas, solidaridad entre vecinos para evitar desahucios, talleres informativos y participativos, negociaciones con la Administración, jornadas colaborativas o encuentros colectivos: todas ellas son prácticas sociales y urbanas que actualmente inciden en la construcción de ciudad. En definitiva, se trata de reivindicaciones, propuestas, resistencias y acciones, desarrolladas desde la base en relación a unas necesidades, que suponen una crítica y una alternativa a las prácticas del urbanismo convencional y que también pretenden una transformación urbana y social.
Las distintas experiencias de transformación urbana participativa, provenientes en general de tres ámbitos principales como son el activismo ciudadano, algunas iniciativas municipales y ciertas prácticas profesionales, se oponen al urbanismo convencional, se contextualizan dentro de un urbanismo participativo y tienen en común la incidencia en otra forma de hacer ciudad, calificada ya por algunos autores como “urbanismo táctico”, “bottom-up planning” o “urbanismo emergente”, defendiendo el papel de la ciudadanía como productora de ciudad.
Desde la arquitectura y el urbanismo y desde un intento de comprender las prácticas sociales urbanas actuales, me interesa analizar el MSU (Movimiento Social Urbano) de los años 1970 en Barcelona que se desarrolló en un contexto urbano de emergencia. En aquellos años, la ciudad crecía según un modelo urbano capitalista y desarrollista que no tenía en cuenta las necesidades de las personas, se multiplicaban las operaciones inmobiliarias especulativas, había grandes diferencias entre centro y periferia, se daban procesos de segregación e incomunicación de algunos barrios, y faltaban espacios para la vida colectiva, servicios y equipamientos.
Esta situación urbana de precariedad, falta de habitabilidad en los barrios y especulación urbanística provocó la reacción de los vecinos que, apoyados por un movimiento de crítica al urbanismo oficial, proveniente de algunos colegios profesionales, el ámbito intelectual y sectores de la prensa y otros medios de comunicación, se agruparon en un movimiento ciudadano, sobre todo vehiculizado a través de las asociaciones de vecinas y vecinos, que se organizaron por la mayoría de barrios de la ciudad. El barrio, entendido como una unidad vecinal, significó una forma de supervivencia frente a las consecuencias del capitalismo en la ciudad. En el barrio era donde se desarrollaba la vida cotidiana y donde era más fácil encontrar valores de solidaridad entre las personas. Además, el barrio constituía un espacio acotado fácilmente, medible en cuanto a déficits y necesidades.
Con respecto a su organización, la lucha del movimiento vecinal se realizó de manera colectiva, con otros movimientos, como el del profesorado, asociaciones de padres y madres, grupos políticos todavía en la clandestinidad o el movimiento de mujeres, y en colaboración con profesionales como abogados, ingenieros, periodistas o arquitectos, todos ellos con la voluntad de participar en la construcción del entorno urbano. Otra de las características de aquellos años fue el trabajo en red, facilitado por el apoyo de la prensa y la publicación de revistas y boletines del propio movimiento.
Los conflictos urbanos supusieron una forma de participación para el movimiento vecinal, el cual reivindicaba todo tipo de cuestiones que mejoraran la calidad del entorno urbano y la vida cotidiana: vivienda, servicios públicos, urbanización, producción de espacio público, construcción de equipamientos, zonas verdes, o defensa del patrimonio. Estas reivindicaciones, con el tiempo, incidieron directamente en la conformación física de la ciudad.
Pero las demandas ciudadanas también tenían que ver con otras cuestiones que implicaban un cambio social y político en el ámbito de lo urbano como eran el control popular, la autogestión, la municipalización del suelo, la participación ciudadana o la democracia participativa. En definitiva, un cambio de modelo. En este sentido, el movimiento vecinal participó tanto en el plan de descentralización municipal como en la configuración de los distritos en base al mapa de barrios realizado con la ayuda de la FAVB.
Los conflictos y las carencias detectadas supusieron líneas de actuación, tanto para algunos de los grupos políticos que estaban todavía en la clandestinidad y los utilizaron para configurar sus programas, como para los primeros ayuntamientos democráticos. Así pues, los planes y proyectos para Barcelona en los años 1980 tenían detrás toda una serie de reivindicaciones que ya los venían orientando desde los 1970.
Una cuestión muy importante fue el trabajo de las mujeres desde los movimientos sociales urbanos. Y es que si eran ellas las máximas responsables del trabajo reproductivo, el cual se desarrollaba en las viviendas y en el barrio, también eran ellas las más afectadas por sus malas condiciones, y en este sentido, eran las mujeres las que detectaban una serie de necesidades básicas asociadas a la vida cotidiana que intentarían resolver aunque sólo fuera por instinto de supervivencia.
Efectivamente, las mujeres salieron a la calle y se organizaron de manera propia dentro del movimiento vecinal en vocalías de mujeres, pero también desde el movimiento feminista, desde el ámbito universitario y también el ámbito político, desde donde, a través de diversos encuentros, publicaciones e informes, se plantearon multitud de cuestiones y soluciones urbanas para resolver la relación entre mujeres y barrios: disponer de guarderías infantiles, servicios y comedores económicos en todos los barrios y en las empresas; disponer de servicios colectivos en los edificios de viviendas; conformar una red de guarderías y casas cuna que tuvieran flexibilidad de horarios y que funcionase durante 24 horas; aumentar la diversidad tipológica en las viviendas; reclamar parques, zonas verdes y escuelas de adultos; realizar estudios de habitabilidad de las viviendas en cuanto a dimensiones y calidad constructiva; demandar una ordenación urbana y una construcción de viviendas con un planteamiento colectivo; y gestionar democráticamente servicios y equipamientos.
En este sentido, el trabajo realizado por las mujeres fue muy poco conocido y sobre todo poco o nada aplicado al urbanismo. De hecho, esas reivindicaciones y propuestas urbanas alternativas son el germen de lo que ahora se define como un urbanismo con perspectiva de género. La respuesta a esta invisibilidad no es que las mujeres no reivindicaran e hicieran cosas importantes, sino que lo que reivindicaron e hicieron las mujeres no se consideró importante en un mundo donde la escala de valores giraba en torno a lo masculino.
Frente a un urbanismo que no lo tenía en cuenta, el movimiento ciudadano construyó sus propios espacios de democracia directa: espacios ocupados, concursos, exposiciones de barrio, encuentros y jornadas, planes populares, informes o comisiones mixtas y de control. Todos ellos significaron espacios de libertad e inclusión.
Con respecto a la lucha por la vivienda, el movimiento ciudadano desarrolló en esos años unas formas de acción propias como fueron el boicot de alquileres, el rechazo de contratos de compra-venta, la ocupación de viviendas o el control popular a través de comisiones. También se elaboraron algunos informes, como por ejemplo los realizados por los barrios construidos por la Obra Sindical del Hogar, que no sólo ayudaron a visibilizar la problemática urbana y a aportar soluciones, sino que permitieron construir una red de personas y barrios, y significaron una herramienta de acción y lucha. Algunos de estos documentos ayudaron a informar y a mantenerse informados, a difundir, a proponer alternativas y a concienciar de forma colectiva sobre los problemas urbanos. También significaron una plataforma para mostrar las victorias del movimiento y, en algunas ocasiones, significaron guías para resolver conflictos similares en lugares distintos.
El salto cualitativo del movimiento vecinal en la lucha urbana se produjo, en gran medida, con la incorporación de profesionales (abogados, arquitectos, periodistas, ingenieros) concienciados e implicados en la causa. Si bien la ayuda de los técnicos en un primer momento fue un mero instrumento para obtener información, esta colaboración pasó a desarrollar funciones más articuladas con la propia acción del movimiento vecinal, lo que ayudó a su fortalecimiento. El trabajo con técnicos permitió que el movimiento vecinal estuviera especializado en cuestiones técnicas, lo que permitió que su participación en la transformación urbana fuera más efectiva.
Algunos colegios profesionales colaboraron con el movimiento ciudadano, pero en concreto el Colegio de Arquitectos dedicó la OIU (Oficina de Información Urbanística) a la acción pública y ciudadana para desarrollar una labor de denuncia, información y asesoramiento en defensa de los intereses de las personas. La OIU, además de generar un archivo de información, impugnó desordenes urbanísticos y ofreció un servicio de asesoramiento técnico al movimiento vecinal, hasta su desmantelamiento en 1974. La revista Cuadernos de arquitectura y urbanismo sirvió como plataforma de difusión para la OIU y de comunicación con el movimiento ciudadano.
Otros de los espacios de inclusión desde donde el movimiento ciudadano participó en la construcción de ciudad fueron los espacios ocupados: terrenos, solares, locales y viviendas. La ocupación de terrenos se multiplicó en aquellos años como una práctica social de acción directa que buscaba la visibilización de un conflicto y ejercer una medida de presión frente a la Administración. Se trataba también de la apropiación y uso de un espacio, entendido normalmente como un espacio de oportunidad para usos colectivos. No sólo se reivindicó el uso de estos espacios sino también, en muchas ocasiones, su gestión. Se organizaron cortes de tráfico, manifestaciones, secuestro de autobuses, asistencia masiva a plenos municipales, ocupación temporal de diversos espacios del Ayuntamiento, parones de obras, colgadas colectivas de pancartas, pinturas murales, ocupaciones de solares, fiestas, barricadas o asambleas. También algunas inauguraciones simbólicas de terrenos reivindicados o las olimpiadas populares que se organizaron en algunos barrios de la ciudad demandando espacios deportivos y zonas verdes. Los encierros en locales, en guarderías, escuelas, cines, iglesias o sedes de organismos oficiales, esta vez como medida de presión para conseguir mejoras, fueron también lugares de convivencia y de empoderamiento.
También se celebraron algunos concursos populares que constituyeron espacios de sensibilización, información, debate y propuesta de alternativas urbanas. Los concursos fueron de distinta naturaleza, desde acciones más bien performáticas que buscaban llamar la atención de los demás vecinos y de las autoridades, hasta los concursos de dibujos o fotografías, con el objetivo de, por una parte, tomar conciencia de la situación del barrio a través de su propia percepción y, por otra, construir colectivamente una mirada crítica y propositiva. Luego estaban los concursos dirigidos a la participación de profesionales que pudieran aportar sus conocimientos técnicos para solucionar los problemas urbanos, incorporando las necesidades de las personas. Muchas veces los resultados de los concursos se mostraban en exposiciones que se generalizaron como prácticas sociales urbanas por la mayoría de los barrios. No sólo fueron instrumentos de comunicación de la problemática urbana, sino también espacios de aprendizaje y participación para la ciudadanía. Las exposiciones significaron un instrumento de canalización de las reivindicaciones que permitían comunicar colectivamente y concienciar e interiorizar las necesidades, los problemas y las amenazas de forma colectiva.
Frente a los planes urbanísticos, en la mayoría de barrios de Barcelona, se elaboraron alternativas ciudadanas más complejas, algunas de las cuales se formalizaron con el tiempo en planes populares, sobre todo después de 1976, año de la aprobación de Plan General Metropolitano. La experiencia acumulada en todos los años de lucha urbana otorgaba al movimiento vecinal las herramientas necesarias para configurar alternativas urbanas más elaboradas. Los planes populares, o contraplanes, se consideraron una alternativa de trabajo para poder avanzar en el proceso de mejora de las condiciones de vida y una forma de incidir en la construcción de ciudad con unos objetivos políticos. El Plan Popular era el único documento que verdaderamente recogía las necesidades más inmediatas y elementales de los vecinos del barrio, discutidas y aprobadas en asamblea. Los vecinos sabían lo que querían y dónde lo querían y, en ese sentido, se localizaban espacios de oportunidad para resolver ciertas necesidades y, en algunos casos, incluso se especificaba la manera de resolverlas. Es interesante el caso del Plan Popular de la Verneda Alta (1978), que se propuso como una herramienta no acabada que se iría completando y enriqueciendo con nuevos aspectos, conforme se fuera respondiendo a los distintos conflictos. Desde los planes populares, el movimiento social urbano defendía un modelo de urbanismo y un modelo de barrio opuesto al modelo urbano capitalista, un modelo basado en la financiación económica pública como motor decisivo de cualquier intervención en el reequipamiento colectivo, en el saneamiento ambiental, en la protección de elementos patrimoniales y en el control democrático de la ejecución del plan urbanístico.
Frente a los modelos urbanos establecidos desde arriba, tanto en los años 1970 como en la actualidad, emergen unos movimientos sociales que se activan según unas necesidades no resueltas por dichos modelos, y que a través de su práctica orientan unas pautas más acordes con la realidad social y el territorio y construyen una ciudad desde y para las personas. Se pasa de la reivindicación y lucha urbana como reacción a un conflicto a una lucha revolucionaria con unos objetivos políticos que plantean otro modelo urbano basado en el control popular, la autogestión, la consecución de derechos comunes como el derecho a la ciudad o derecho a la vivienda y la participación ciudadana en la construcción de ciudad.
Que la ciudadanía participe en la construcción de la ciudad tiene unas consecuencias directas en dos cuestiones fundamentales que nos afectan como profesionales de la arquitectura y el urbanismo: la primera es un cambio de roles en la profesión, pasamos de ser aquellos que dictaminan cómo tiene que vivir la gente a traductores de necesidades, mediadores entre las personas y las soluciones urbanas y arquitectónicas, mediadores también entre la ciudadanía y la Administración. La ciudadanía empieza a ocuparse de cuestiones más técnicas y los profesionales pasan a ser más activistas. Una ciudadanía activa también implica un urbanismo vivo que incorpore dos factores fundamentales como son las necesidades de las personas y el paso del tiempo. Esto es, por una parte, que las personas se puedan implicar en la construcción de la ciudad mediante mecanismos efectivos que les permitan incorporar sus necesidades y deseos, y también disponer de espacios donde se puedan controlar los procesos de transformación urbana. Por otra parte, que se introduzca el tiempo en el urbanismo supone entenderlo no como algo acabado y estático, sino como un proceso a lo largo del cual se puedan ir incorporando nuevos elementos, que lo transformen e implementen. Se trataría de una herramienta no acabada que se iría completando con nuevos aspectos conforme fuera respondiendo a los distintos conflictos, los cuales actuarían como indicadores. El plan ya no definiría los usos, sino más bien al revés, los usos definirían el plan. Se trataría de espacios en transición con un uso “mientras tanto”, tal y como ya está sucediendo actualmente con algunos edificios y solares gestionados por la ciudadanía, algunos ocupados y otros cedidos de manera temporal por ayuntamientos o propietarios.
Esta voluntad de democracia participativa, junto a una ciudadanía más activa que construye sus propios espacios de participación y en un contexto de acercamiento entre movimientos sociales urbanos y profesionales ligados a la transformación urbana, viene acompañada en ambos momentos —años 1970 y actualmente— de un contexto de crisis y de precariedad económica, de un modelo urbano impuesto desde arriba ya agotado ligado a un urbanismo capitalista y desarrollista, y de una sociedad en busca de alternativas. . ¿Se trataría por lo tanto de una coyuntura de circunstancias similares en dos momentos históricos distintos? ¿O, más bien, se está definitivamente asistiendo a un cambio estructural, un cambio de mentalidad y una transformación social, que sin duda nos acercará a una arquitectura y un urbanismo más justo, igualitario y sostenible?