La vivienda en Yugoslavia: el caso de Bosnia Herzegovina (2ª parte)

Este texto concluye una serie de dos artículos, concebida con la intención de reconstruir los cambios ocurridos en el sistema de propiedad de la vivienda en Bosnia Herzegovina (BiH) en los últimos 20 años. La primera parte, publicada en el número anterior de esta revista, presentaba brevemente la sociedad bosnia para luego detenerse en describir el sistema socialista de la vivienda; en esta segunda parte, el discurso se centra en el proceso de transición del régimen comunista a un tipo de sociedad que aspira a ser capitalista y que, sin embargo, se enfrenta todavía a las incertidumbres y dificultades heredadas por el conflicto que azotó el país entre 1992 y 1995. Ambos textos están basados en una comunicación presentada en el XII Congreso de Antropología de la F.A.A.E.E. (Federación de las Asociaciones de Antropología del Estado Español), que tuvo lugar en León en septiembre de 2011.

Privatizatio interrupta

Poco antes de que se desencadenara el conflicto que llevaría a la desintegración de Yugoslavia, en BiH había comenzado el proceso de privatización de las propiedades sociales, en el marco de las reformas que el primer ministro Ante Marković puso en marcha para intentar salvar a la Federación de la crisis económica que la estrangulaba desde finales de los años setenta. Los titulares del derecho de ocupación (stanarsko pravo) de los pisos sociales se iban a convertir en legítimos propietarios: sin embargo, la guerra interrumpió de la manera más abrupta ese proceso que en los demás países del antiguo bloque comunista se pudo dar de forma pacífica.

La transición a una economía de mercado se retomó a partir de 1997 en un grave estado de emergencia posbélica, sin un marco institucional fuerte y estable, con las industrias nacionales aniquiladas por los estragos de la guerra y la mitad de la mano de obra fallecida, refugiada o desplazada a otras zonas del país y sin casi recursos monetarios.  En este cuadro desolador, los organismos internacionales encargados de supervisar la implementación de los acuerdos de paz de Dayton y de dirigir la recuperación del país consideraron que una rápida privatización de los bienes estatales sería la mejor terapia para la agonizante economía bosnia. La Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional (USAID) fue la encargada de orientar el programa de privatización, que inicialmente preveía completar el proceso en el más que optimista plazo de dos años.

Para hacer frente a la dramática falta de liquidez del país, el programa se basó en el denominado “método del cupón”: a todos los ciudadanos les fueron proporcionados vales o certificados con los cuales podían adquirir acciones de las ex empresas autogestionadas o la propiedad de una vivienda social, en el caso de que hubiesen sido titulares de stanarsko pravo. Se entendía que este modelo de privatización, basado en el ejemplo checo, permitiría una amplia participación de la población: el énfasis estaba puesto en la rapidez y sencillez del proceso, así como en su aceptabilidad social y política, más que en la eficiencia económica. Las economías socialistas no se solían regir por los principios mercantiles de valoración y rentabilidad: por esta razón, se volvía muy complicado establecer el valor de mercado de las empresas estatales a la hora de privatizarlas, por lo que las estimaciones se hacían más por conveniencia política que por cálculo económico. El resultado muchas veces fue que, a lo largo y ancho de Europa del este, los bienes del estado sufrieron una sistemática devaluación, en parte a través de bancarrotas controladas. Más allá de eso, muchos ex burócratas del estado socialista y representantes de empresas autogestionadas se aprovecharon particularmente de las incertidumbres legales en referencia a la propiedad, y lograron adueñarse de certificados y acciones antes de que su adquisición fuera regulada por ley y abierta al resto de la población.

En el caso que aquí nos interesa, a las complejidades intrínsecas a toda privatización postsocialista, se suman las peculiaridades de un sistema políticoeconómico fuertemente debilitado por la lógica de la segregación étnica heredada de la guerra y que ha quedado institucionalizada por los mismos acuerdos de paz, con la división del país en dos entidades (la Federación croato-musulmana y la Republika Srpska, donde vive la mayoría de los bosnios de etnia serbia) cuyos poderes superan abundantemente los del Estado central. Este orden invade todos los ámbitos de la vida pública del país y se apodera, también, como es lógico, del proceso de privatización: como consecuencia de la fragmentación administrativa establecida por la cumbre de Dayton, el programa de privatización no es gestionado a nivel estatal, sino que se lleva a cabo por decenas de agencias cantonales y regionales cuyos niveles de coordinación y cooperación quedan por demonstrar. En relación a este asunto, sin embargo, las agencias internacionales no han parecido preocuparse demasiado por el hecho de que los únicos en disponer de los medios para comprar las empresas estatales fuesen los partidos nacionalistas al poder, las cada vez más poderosas mafias y los miembros de la antigua nomenclatura socialista. En este contexto de etnización de la privatización, el recurso a los cupones tiende a reforzar las divisiones étnicas y a ofrecer oportunidades de consolidar su poder a los ricos, los corruptos y los enchufados: la privatización se ha convertido, entonces, en otro campo de batalla en el conflicto étnico latente aún en curso.



Si los cupones tienen, por un lado, un valor monetario casi nulo, por el otro, aportan el doble beneficio de transferir rápidamente los bienes públicos a manos privadas, acallando así las reclamaciones de los ciudadanos al Estado y, además, consolidan el poder económico de unos pocos a través del tráfico de certificados: estos se compran a los ciudadanos empobrecidos por una fracción mínima de su valor oficial y, luego, se usan para adquirir propiedades estatales a un precio ridículo[1]. En el caso de la vivienda, la compra-venta de cupones para entrar en posesión de pisos sociales ha hecho que en el plazo de pocos años algunos privilegiados hayan podido construir pequeños imperios inmobiliarios. Se ha de tener en cuenta que esto sucede tras la liberalización del mercado. La vivienda ha pasado de ser un simple medio de reproducción social, al que todos tenían igual derecho y por el que todos pagaban alquileres muy bajos fijados por el estado, a constituir un bien patrimonial sujeto a revaluación y que, por lo tanto, posibilita un fenómeno antes desconocido en BiH: la especulación inmobiliaria.

Las dificultades de la privatización de la vivienda, sin embargo, no se acaban aquí y para elucidarlas nos hemos de remontar de nuevo al conflicto 1992-1995. Según los datos del último censo disponible, realizado en 1991, la población bosnia estaba compuesta por un 47,3% de musulmanes (o bosníacos), un 31,4% de serbios y un 17,3% de croatas, más otros grupos étnicos que conformaban un cuadro demográfico de lo más diverso. Debido, sobre todo, a los feroces ataques contra la población civil y las operaciones de limpieza étnica, el conflicto generó, entre sus efectos más contundentes, un movimiento forzado de personas que en Europa no se registraba desde la Segunda Guerra Mundial. Sobre un total aproximado de 4 millones de habitantes, 1.3 millones tuvieron que refugiarse en el extranjero y 1.2 millones resultaron desplazados al interior del país.

En BiH la limpieza étnica se desarrolló en dos niveles: uno más legalitario y paulatino en los centros urbanos como Banja Luka, donde el objetivo era hacer insoportable la vida a los miembros de las “otras” etnias para que se fueran voluntariamente; y otro más violento, en el campo. En su acercamiento a una antropología de la limpieza étnica, Xavier Bougarel (1996) sugiere que la mobilización miliciana se estructuró alrededor del concepto de localidad: en su organización (carácter local de las brigadas), en sus métodos (ataque a pueblos vecinos, débil movilidad de los frentes) y en la motivación de los combatientes. La guerra en la antigua Yugoslavia, combatida casa por casa, ha sido una lucha tanto por la preservación de la kuća como por la construcción del Estado: por esta razón la limpieza étnica se ha polarizado entorno a la kuća como casa (destrucción o confiscación de las viviendas) y como familia (ejecución de los hombres, violación de las mujeres). En este contexto la violencia sobre las mujeres representa la violación de esa intimidad doméstica y familiar cuyo respeto constituía una de las bases del komšiluk, término que en bosnio identifica las buenas relaciones entre vecinos pertenecientes a etnias distintas. La violación o el asesinato debía ser cometido por el vecino, el komšija, y con la cara destapada. El crimen ligado a la limpieza étnica es, por su naturaleza y su función, un crimen íntimo.

La limpieza étnica produce asesinos pero también refugiados, figuras igualmente opuestas a la del komšija, por la privación de la casa y la percepción de sus antiguos komšije como asesinos, lo que a su vez puede convertirlos en asesinos de sus perseguidores. Siguiendo a Bougarel, la funcionalidad de la limpieza étnica reside, por ende, en el hecho de que se dirige tanto a su comunidad como a la otra, ya que produce al mismo tiempo verdugos y víctimas; además, por su carácter íntimo y sus prácticas traumatizantes, apunta a proporcionar a la degeneración del komšiluk un carácter irreversible. Una vez acabada la guerra, el dilema es cómo revertir esa degeneración, cómo regresar del crimen al komšiluk. El derecho internacional, empezando por los mismos Acuerdos de Dayton, ha identificado en el retorno de refugiados y desplazados la manera más eficaz y duradera para anular los efectos de la limpieza étnica y restaurar el orden multiétnico previo a la guerra.

La propiedad inmobiliaria se halla en el centro mismo del asunto: si durante la guerra su alienación, ocupación o destrucción por parte del “otro” grupo étnico era fundamental a los fines de la limpieza étnica, en tiempos de paz constituye uno de los pilares del derecho de retorno (siendo los otros dos la libertad de movimiento y la seguridad personal). Básicamente, la cuestión es que este se puede concretizar si el refugiado/desplazado tiene una casa a la que regresar y, en la mayoría de los casos, no la tiene porque durante la guerra: 1) fue obligado a firmar un contrato de venta o cesión del derecho de ocupación a cambio de la salvación; 2) fue deliberadamente desahuciado de ella por las milicias agresoras; 3) la abandonó voluntariamente bajo la amenaza de la limpieza étnica y su vivienda fue en un segundo momento destruida u ocupada por miembros del “otro” grupo étnico.

La cuestión de la ocupación secundaria es central, ya que el proceso de restitución de los bienes de los refugiados y desplazados es eficaz solamente si se tutelan los derechos de los ocupantes de sus casas que, a su vez, son también desplazados y necesitan un alojamiento. Es este uno de los principales obstáculos para el retorno: la falta tanto de recursos económicos para proporcionar viviendas alternativas a los ocupantes secundarios, como de voluntad política para facilitar la reinserción de aquellos que, desde el punto de vista de su mismo grupo étnico, a menudo son culpados de haber huido abandonando así a su gente, y que desde el punto de vista de “otro” grupo étnico, perjudicarían con su regreso los resultados de la limpieza étnica. De hecho, tanto en la Federación croato-musulmana como en la Republika Srpska, la redistribución de las propiedades ha sido concebida en función del afianzamiento del orden étnico creado con la fuerza de las armas: durante el conflicto e inmediatamente después, ambas entidades adoptaron leyes que disciplinaban la suerte de las propiedades abandonadas en evidente favor de los ocupantes secundarios, es decir, los de la etnia “correcta”. Dichas leyes fueron duramente contestadas por la comunidad internacional tanto por sus irregularidades formales como por su naturaleza intrínsecamente discriminatoria que favorecía a la etnia mayoritaria en detrimento del derecho de retorno de refugiados y desplazados. Largas negociaciones entre las dos entidades, la Oficina del Alto Representante de la Comunidad Internacional (OHR)[2] y el ACNUR, llevaron a su modificación: la dicotomía entre ocupantes legítimos de preguerra y ocupantes ilegales de posguerra era, con la primera legislación, orientada a favor de los segundos mientras que, tras la intervención de la comunidad internacional, la báscula ha comenzado a inclinarse más del lado de los primeros.

A efectos prácticos, sin embargo, poco ha cambiado: la crónica falta de recursos económicos, agravada por la paulatina retirada de la ayuda internacional para la reconstrucción, y la actual recesión global, son la perfecta excusa para que las dos entidades puedan justificar su falta de intervención respecto a retornados y ocupantes secundarios. Y aún cuando la ley es aplicada, tanto en términos de repartición de alojamientos alternativos como de restitución de las propiedades abandonadas, esto se verifica, la mayoría de las veces, a favor de la etnia mayoritaria. También la repartición de certificados para la privatización de los pisos sociales está desproporcionalmente orientada en este sentido. El resultado sigue siendo la consolidación de los enclaves étnicos creados por la guerra: si el panorama demográfico actual en BiH tiende constantemente a una creciente monoetnicidad es también por las políticas locales relativas a la propiedad inmobiliaria.

Conclusiones: la caja de Pandora de la vivienda

Este artículo no ha querido ser más que un breve esbozo del régimen de propiedad de la vivienda en BiH y sus vicisitudes a lo largo de la historia más reciente. Más allá del interés particular que pueda revestir el devolver la mirada a un país que hace 15 años copaba todas las portadas de los periódicos y del que ahora, sin embargo, nadie parece acordarse. En términos generales, la cuestión es que tratar el tema de la vivienda parece una manera muy fructífera de abordar los cambios de orden más amplios que sacuden el sistema económico y político de una sociedad.

La casa es uno de los medios de reproducción social básicos: seguir el desarrollo histórico tanto de la manera en que es concebida por sus habitantes como de sus regulaciones a nivel institucional, nos permite comparar las economías políticas que rigen distintos tipos de sociedad, en este caso, el orden socialista y una sociedad de transición que aspira a ser una democracia de mercado. Hablar de capitalismo aquí parece prematuro y, a nivel analítico, incorrecto: de hecho, distintos autores recurren al término “postsocialismo” tanto para hacer hincapié en el carácter transitorio de la actual fase como para poner en duda que la desembocadura sucesiva vaya a ser inequívocamente la instauración del modelo capitalista occidental. En el caso tratado, tras el socialismo ha venido el caos: el foco puesto en la vivienda permite sugerir el efecto profundamente destructurante que el reciente conflicto ha tenido en todos los niveles societarios del país. Hay quien se atreve a hablar del nuevo orden en términos de regreso al feudalismo, remarcando así el peso de los vínculos familiares y las redes clientelares en la gestión del poder por parte de los partidos nacionalistas. Si a esto le agregamos las cada vez más poderosas mafias, obtenemos un cuadro en el que los lazos de vasallaje sustituyen a los derechos de ciudadanía. “Todo aquí era sociedad”, sintetizaba un informante tratando de explicarme el sistema yugoslavo de la propiedad: analizar el régimen de la vivienda es solo una manera como otra de tratar de entender qué es lo que queda ahora.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Bougarel, X. (1996), Bosnie, anatomie d’un conflit, Paris: Éditons La Découverte

Donais, T. (2002), “The Politics of Privatization in Post-Dayton BiH”, Southeast European Politics, junio 2002, Vol. III, No. 1, pp. 3-19

Verdery, K. (1996), What was socialism and what comes next?, Princeton (N.J.): Princeton University Press


[1] En su artículo “The politics of privatization in Post-Dayton BiH” (2002), T. Donais aporta el emblemático ejemplo del hotel Holiday Inn de Sarajevo, pasado a manos privadas a través de transacciones muy poco ortodoxas y por tan solo un décimo de su valor de mercado.

[2] La figura del Alto Representante fue introducida en 1995 para supervisar la implementación civil de los Acuerdos de Dayton. Dispone de considerables poderes (los llamados “poderes de Bonn”) para imponer o bloquear leyes y remover a los oficiales y políticos locales que según él obstaculicen el proceso de paz. Es sobre todo por la presencia de esta figura que BiH se considera un protectorado “paternalista” o “disfuncional”.

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